El Programa Somos Defensores basa su definición en la que se fijó tras la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA: “Es defensor o defensora cualquier persona o grupo que se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional y que además trabaja por la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional, regional o local”.

Sin embargo, en Colombia esas claridades no eran suficientes. Al menos, así lo reveló en 2018 el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, quien sentenció que no tener una definición de lo que es ser líder social es “otro problema que tenemos” en el país.

Explicó, en su momento, que les propuso a diferentes plataformas sociales, a las autoridades y al propio Gobierno que se hiciera una caracterización al respecto porque la Fiscalía tenía un listado de 25 tipos de líderes que excedían la lista de Naciones Unidas.

Y solo hasta el 14 de agosto del 2020, la Defensoría Nacional del Pueblo emitió la Resolución 074 con la que no solo se define qué es un líder social, sino que, además, se les designan como titulares de doce derechos fundamentales, se fijan los criterios para identificarlos y se establecen 17 tipos de liderazgos. (**)

Esta reglamentación es importante, sobre todo, porque en casos de asesinatos, se supone que deben ser mucho más eficientes las investigaciones de los crímenes y, además, hay herramientas para proteger a quienes están adelantando actividades en comunidad.

¿Quién está detrás de los asesinatos de líderes sociales?

La respuesta no es sencilla porque no hay una sola, de hecho, hay varios grupos responsables de la violencia, lo que dificulta un análisis global de la situación.

La violencia en contra de los líderes sociales en Colombia se podría comparar con el flujo de una cascada: igual que parece imposible detener el movimiento del agua, parece imposible parar los homicidios contra esta población.

Y es que, aunque no existe un consenso general sobre el número exacto de muertes, organizaciones nacionales e internacionales se han mostrado preocupadas por los altos porcentajes, que aunque tienen variaciones año a año, lo cierto es que siguen siendo escalofriantes.

De acuerdo con datos de la ONU, esa organización pudo determinar 53 asesinatos durante todo el año, con 74 en proceso de verificación, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó, entre enero y septiembre del 2020, 139 asesinatos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó a finales del 2020  una investigación sobre hechos de violencia contra líderes que fue realizada con el apoyo de la Unión Europea, y allí reportaron 81 homicidios en el primer semestre del año, diez menos que los anotados por la Defensoría en ese mismo periodo.

En la base de datos de la MOE está consignado que en el mismo periodo del año pasado la cifra de muertos fue de 61, lo que significa un aumento del 32,7 % de estos crímenes de un año a otro.

Además de las cifras, otro dato preocupante que registró la MOE en su informe es que 52 de esos 81 asesinatos de líderes sociales que se han cometido en esos seis meses se presentaron en territorios PDET – zonas en donde están instaurados los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial creados tras el proceso de paz con las Farc–, lo que significa que “64,2 % de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia. Esto representa un incremento del 39 % respecto de 2019, en que se reportaron 39 asesinatos”, dice el documento.

La ONU, por su parte, documentó que durante todo el 2020 el  78 % del total de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en zonas rurales, el 98 % en municipios con economías ilícitas, en especial producción de drogas y minería ilegal, y el 45 % en municipios PDET.

Desde el Gobierno, el mismo presidente Iván Duque ha explicado el fenómeno, atribuyéndole también a esas estructuras criminales las muertes, pero identificando un móvil común: el narcotráfico.

“¿Quién los está matando? El narcotráfico, la extracción ilegal de minerales, es que estos asesinatos se han concentrado en municipios en los que hay presencia del narcotráfico y estructuras criminales. Nosotros sabemos que el fenómeno se ha presentado en una parte pequeña del territorio, pero en donde están esos negocios, donde están las disidencias de las Farc, en donde está el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos, muchas de esas estructuras que hemos venido golpeando, pero son ellos son los responsables de este tipo de circunstancias”, dijo Duque en septiembre.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y autor del libro ‘¿Por qué los matan?’, se muestra de acuerdo con la Fiscalía y el Presidente en cuanto a que no existe un solo perpetrador común, pero él ve otra explicación a los motivos que impulsan los crímenes.

“Lo que se puede concluir después de revisar los perfiles de las víctimas y las zonas en donde ocurren las muertes es que en Colombia la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos. Entonces lo que queda como evidencia es que cuando una persona poderosa entra en conflicto con un líder y está en capacidad de contratar a un sicario, lo hace. En la investigación para mi libro encontré que el 70% de los victimarios identificados son sicarios que ni siquiera saben quién los contrató y el 30% son disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, etc”.

Ávila asegura que aunque con la revisión de los casos no se puede determinar que haya sistematicidad en cuanto a autores, tesis que ha venido defendiendo el Gobierno, él sí identifica sistematicidad en los perfiles de las víctimas. Y una de las coincidencias que él ve es que un alto número de líderes asesinados participaban en política o hacían control en sus territorios.

“Hoy en día es muy fácil que quienes son objetivos de control por parte de líderes contraten sicarios para matarlos. En mis indagaciones encontré casos de candidatos a alcaldías que mandaban a matar a líderes sociales. Encontré que a los defensores de las tierras los mandaban a matar los despojadores, lo mismo con quienes estaban en contra de la minería ilegal. La conclusión, de nuevo, es que en el país la violencia es una manera más de hacer política”, analiza Ávila.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, coincide con Ávila en cuanto a que no se puede determinar una sistematicidad en cuanto a autores, pero desde la entidad han encontrado un denominador común entre las víctimas y es que trabajaban en temas referentes a la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016.

“La sistematicidad hoy es difícil probarla, pero sí hay patrones de coincidencia: por un lado, todos los líderes y defensores de los derechos humanos, y por otro lado, la gran mayoría de los que están matando están en el marco del post acuerdo de paz. Y los asesinan por la implementación, en temas de indígenas es por el capítulo étnico, en el tema de tierras es por la restitución, en el tema de sustitución, es por los cultivos, pero todos en el marco de la implementación de los acuerdos”, explica González.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, encuentra un punto común en estas zonas y es que son sitios en los que se han presentado disputas entre grupos de crimen organizado por el control territorial. Restrepo, además, cree que los picos de violencia no están necesariamente relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

“Este fenómeno en las regiones no es nuevo, es algo que viene de al menos diez años atrás y ha tenido variaciones en el corto y el largo plazo, pero no veo que la violencia haya aumentado en los últimos cuatro años. Por eso yo no veo una conexión entre la violencia en estos territorios y la firma del acuerdo de paz. Si revisamos las cifras después del 2016, ha habido periodos de subida de las cifras y de caída de las cifras, por eso yo no veo asociación. Una hipótesis es que podría tener que ver con disputas políticas, porque en enero del 2018, cuando hubo elecciones presidenciales, aumentaron los casos, y luego hubo una reducción”, dice el experto en violencia y conflicto armado.

La Alta Consejería para los Derechos Humanos asegura que en esas zonas, como lo dice Restrepo, hay alto riesgo por la convergencia de presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), el ELN, GAO Residual, ‘Clan del golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’; y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.

Los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca tenían una alta presencia de las extintas Farc antes de que se firmara el Acuerdo Para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y esa guerrilla. Ahora, dice Indepaz, estos territorios están en manos de ELN, EPL, Autodefensas Gaitanistas, disidencias, Rastrojos, Clan del Golfo, Los Úsuga, entre otras estructuras criminales.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. y conflictividades de Indepaz, dice que los más nocivos son las Autodefensas Gaitanistas que ya están en todo el país disputando territorio: “Todos estos grupos son enemigos de las comunidades, quien no esté de acuerdo con ellos, lo van matando”.

En sus análisis, la organización ha podido identificar que en el Pacífico hay presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico, que están conformadas por disidencias de las Farc, y que se disputan los espacios con las Autodefensas Gaitanistas, que están tratando de llegar al departamento del Cauca, desde Buenaventura.

En medio de su conflicto están inmersas diferentes estructuras que se alzaron tras la negativa de algunos de hacer parte de los Acuerdo de Paz, otros que llegaron por cuenta de lo que señalan como incumplimientos del Gobierno y otros, porque aseguran que hubo “desprecio” de los exjefes de la guerrilla que ahora dirigen el partido desde Bogotá.

En esa zona, una de las más golpeadas por la violencia, los grupos residuales de Farc frente Comando Conjunto de Occidente, el Frente Óliver Sinisterra y Los Contadores, están destruyendo todo el liderazgo de la zona. Mientras que hacia los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare opera el Frente Carolina Ramírez que choca en Meta y Arauca con los dirigidos por Gentil Duarte, uno de los primeros exintegrantes de Farc en anunciar sus discrepancias con lo que se negociaba en La Habana.

Antioquia, Sur de Bolívar y el Bajo Cauca Antioqueño sufren por cuenta de las disputas que hay entre EPL, Autodefensas Gaitanistas, Caparrapos y ELN que, en su afán por apoderarse de territorios ricos en minería y corredores importantes de la droga ilícita, está cercando a la población y asesinando a sus líderes sociales.

Mientras que en Norte de Santander resurgió el EPL y se mantiene la histórica presencia del ELN.

Jota nunca ha sido amenazado de muerte, pero sabe es porque ha contado con suerte, sabe que cualquiera de estos días puede llegar un mensaje a su teléfono, o puede encontrar un panfleto pegado en la puerta de su casa. Jota sabe que la única forma de no estar en la mira de los violentos es dedicarse a otra cosa, dejar de estar enfrentándose a fuerzas poderosas por los derechos de la población negra de Tumaco. Jota lo sabe, pero no lo hace. Y no lo hará.

A la familia Aljure le han matado a once miembros. A unos les disparó las Farc, a otros los grupos paramilitares y las Fuerzas Militares acabaron con otros más. La mancha de sangre en el apellido Aljure está goteando desde hace seis décadas y hoy, William, hijo de padres asesinados, sigue la lucha de sus familiares en el municipio de Mapiripán. Dice que lo hace aunque sabe que pronto él puede ser el siguiente Aljure en caer.

Cuando al Señor O le preguntan cómo describiría su labor como líder de víctimas en Córdoba no duda un solo segundo en responder y suelta una sola palabra: “peligro”. Peligro no solo porque vive rodeado de grupos armados, sino porque su trabajo lo pone en confrontación directa con poderes económicos, con capacidad de atentar contra su vida tan fácil como si  se tratara del viento soplando.

A Elena la sacaron de su hogar, en Córdoba, amenazando a sus seis hijos menores de edad en 2003. La violencia tocó su puerta porque ella era la que daba peleas en su comunidad para que llegara el agua potable y para que se hicieran vías de acceso a su vereda. Hoy sigue esa lucha, pero en Cali.

Y aunque esos son apenas cuatro ejemplos, lo cierto es que esa realidad de ansiedad, zozobra y miedo es el día a día de otros miles líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia.

En su libro ‘¿Por qué los matan’, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, reseña que cada día en el país ocurren dos hechos de victimización en contra de líderes sociales. Esto significa que cada día hay un asesinato, o una amenaza, o un caso de desplazamiento forzado o una desaparición, … o… En Colombia todos los días pasa algo que afecta a los líderes sociales.

Y como si se tratara de la crónica de una violencia anunciada, un altísimo porcentaje de estos ocurren en los mismos lugares:  Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, Arauca y Córdoba.

“El problema es que uno se mantiene con miedo. Y es que este trabajo lo hace a uno una persona muy visible, no solo para los grupos armados ilegales, también para los legales, y para algunos mandatarios que no están de acuerdo con lo que hacemos en la región o con que nosotros exijamos que se cumplan nuestros derechos”, cuenta Jota desde Tumaco, en donde desde el 2016 se han asesinado a 35 líderes sociales, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Y el problema de Jota no es solo verse expuesto. Es también que no tiene las condiciones mínimas para hacer su labor. Él defiende intereses sociales de las comunidades asentadas en la costa pacìfica nariñense. Normalmente debe moverse entre las veredas que están plagadas de hombres armados, y debe hacerlo sin esquema de seguridad. ¿La peor parte? Dice que aunque sí tuviera esquema de seguridad, eso lo podría hacer aún más susceptible de un ataque.

Algo similar pasa con el Señor O. Él defiende los intereses de las víctimas del conflicto armado en Tierralta, Córdoba. Pero dice que se siente solo, que carga él con la responsabilidad de luchar por la dignidad. Cuenta que después de que se firmó el acuerdo de paz con las Farc su miedo solo cambió de nombre, ahora no es la guerrilla la que le manda a decir que “jode mucho” sino los Grupos Armados Organizados, GAO. Y su conclusión es simple, pero arrolladora: el Estado no ocupa esa región, no realmente, sino ¿por qué se cambia de verdugo en menos de cuatro años?

“A nosotros nos afecta mucho la ausencia del Estado, vivimos en mucha soledad. En 2016 le preguntamos al Gobierno que quién iba a ocupar los territorios dejados por las Farc después del acuerdo y nunca supimos la respuesta. Y ahora que no están las Farc, están las GAO. Entonces el responsable de que esto suceda es el Estado, porque es mandato constitucional garantizar la seguridad de todos los colombianos”, dice el Señor O.

Igual que Jota, el Señor O, trabaja con una voluntad que roza lo sobrehumano. Parte de su trabajo es el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto. Pero llegar a ellas a ofrecerle ayudas como tramitar procesos legales u organizar un encuentro no es tarea sencilla, en ocasiones ha implicado moverse hasta a 180 kilómetros en sectores tan alejados que lo único que se sabe del Estado es que por allá no va.

La Defensoría del Pueblo de Colombia advierte que el incremento en este periodo  es desmedido. Explica que el peor de los últimos años, desde que se firmó el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado con las Farc, había sido el 2018, cuando en los doce meses se contaron 88 homicidios. Pero en la primera mitad del 2020 esa cifra se sobrepasó con 91 muertes. 91 muertes en seis meses.

Los reportes de las dos instituciones son diferentes, y difieren de los de la Fiscalía, pero en lo que sí coinciden es en que la pandemia por COVID-19 no solo trajo muerte para enfermos crónicos del mundo. En Colombia el virus permitió que la soledad en las calles fuera cómplice de los grupos armados que llegaron hasta la puerta de la casa de muchos líderes sociales para asesinarlos o amenazarlos.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, explica que los análisis le han permitido determinar que los grupos armados no solo están haciendo control territorial para fomentar los cultivos ilícitos. También quieren el control social y lo han dejado claro en órdenes que emiten a través de panfletos, videos y mensajes: horas de circulación, lugares a los que se puede ir, exigencia de uso de elementos de bioseguridad, incluso, con quién no hablar.

Por eso la Defensoría Nacional del Pueblo envió el 30 de abril del 2020 un documento de 20 páginas donde le explicaba a la Ministra del Interior, Alicia Arango, que emitía la Alerta Temprana 018 “debido a la situación de riesgo que afrontan los territorios con presencia y accionar de actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada, por cuenta de los efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria derivada por la pandemia COVID-19”.
A su paso, y para esa fecha (30 de abril), según Indepaz, esos grupos delictivos ya habían arrasado con 105 líderes comunales, indígenas, de víctimas, de sustitución de cultivos, de restitución de tierras, deportivos, LGTBI, ambientalistas. Y estos últimos, estima Leonardo González, son los que dejan vacíos de liderazgo y luchas sociales mucho más difíciles de llenar.
En eso coincide con Édgar Zúñiga, abogado defensor de Derechos Humanos y amigo de Jorge Enrique Oramas, asesinado en Villacarmelo, uno de los corregimiento de Cali, dieciséis días después de que se lanzara la Alerta Temprana de la Defensoría. Su rostro quedó inmortalizado en una fotografía donde lucía sonriente, con un sombrero rojo adornado con plumas.

Igual que la foto, también se hizo viral un video en el que, con ese mismo sombrero y de camisa color rosa, Jorge Enrique pedía que se respetaran los derechos de la tierra. Para ese momento, él creía que el COVID-19 había llegado como una suerte de salvación para este planeta: “La Tierra está feliz, recuperándose de tanta afrenta que le hemos propiciado una mano de locos que hoy están confinados”.

Pero ni las organizaciones que protegen los Derechos Humanos ni las comunidades donde han sido asesinados líderes sociales están de acuerdo con esas ‘bondades’ que Jorge Enrique le atribuía al coronavirus. Édgar, su amigo, asegura que el vacío que dejó el ambientalista, en términos de sabiduría y buenas relaciones con la comunidad, es indiscutible.

Dice que en ese pueblo ubicado sobre los Farallones ya no hay quien anuncie qué semilla debe cultivarse con la llegada de la lluvia, con la fase de la luna, o la potencia del sol. Ese conocimiento se fue con Jorge Enrique: “Él nos guiaba, nos indicaba; cuando se presentaban dificultades también nos enseñaba cómo superarlas. Hoy no está esa persona que nos impulsaba a dar el salto para sortear los problemas en comunidad y nosotros, los amigos, también lo extrañamos”.

La muerte de Jorge Enrique Oramas deja una herida muy profunda en su comunidad. Él llevaba más de 20 años capacitando a vecinos, amigos, y hasta a desconocidos, en la producción agrícola limpia, sin el uso de transgénicos, recuperando semillas y combatiendo el hambre con la misma fuerza que combatía la minería en los Farallones de Cali. Lo hacía a través de talleres, de reuniones, y de programas radiales.

Por eso, por enfrentarse a la minería, dicen, fue que llegaron hasta su finca para apuntarle con un fusil, aunque las primeras pesquisas de las autoridades dan cuenta de un homicidio por posible robo.

Por eso, Leonardo González, el investigador de Indepaz, insiste en que no importa por qué lo mataron a él o a los otros 217 líderes sociales. Lo que importa, sentencia, es enteder cómo impacta ese asesinato a una comunidad porque los efectos de esa muerte son reales y afectan de verdad.

La organización Somos Defensores realizó 107 entrevistas entre familiares, compañeros de la organización o habitantes de la comunidad a la que pertenecían 98 líderes sociales asesinados en 25 departamentos del país entre 2009 y 2016.

Las conclusiones fueron contundentes: después de esas muertes quedan familias o amigos desplazados, miedo permanente por parte de personas cercanas a los líderes, familias que evitan hablar de la historia por vergüenza, temor, crisis internas.

Somos Defensores encontró que en el 35 % de los casos la organización a la que pertenecía el líder asesinado tuvo una afectación negativa tras su asesinato, en el 23 % hubo desplazamientos y en otro 23 % de los casos, atentados; en el 20 % se presentó asesinatos de otros líderes de la misma zona y en el 13 % robaron información que tenía la persona a la que mataron.

“En el 67% de los consultados se presentó una amenaza posterior a la muerte del líder, presuntamente por los mismos responsables del homicidio. Estas amenazas son manifiestas por medio de intimidaciones directas, mensajes enviados con amigos o hijos de las víctimas, así como con mensajes de texto y llamadas amenazantes”, precisa el informe de Somos Defensores titulado Stop Wars, Episodio I: crímenes contra defensores, la impunidad contraataca.

Se mata al líder, sí. Pero también se deja una herida gangrenada que amenaza con afectar a quienes siguen sus luchas.
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Han pasado cuatro años desde que se hizo ese estudio. Pero las cosas en nada han cambiado. Nora Helena Taquinás. 29 años. Gobernadora del Resguardo Indíge na de Tacueyó, en Toribío, Cauca.

Después de que fuera asesinada Cristina Taquinás Bautista, en octubre de 2019, en una emboscada en la que mataron a otros cuatro indígenas, Nora ocupó su cargo, pero tuvo que desaparecer de su territorio durante cuatro meses porque le llegaron amenazas. Su delito: ser líder y defensora de Derechos Humanos.

La han perseguido desde que era una niña. A los 5 años comenzó su desempeño como integrante de la Guardia Indígena y a los 13 años su casa quedó en medio de los combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc. Fue abusada sexualmente. Estuvo cinco años fuera de Tacueyó, pero regresó para compartir sus conocimientos. Algo que no pudo hacer Cristina, quien era abogada, especialista en trabajo social, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, defensora de Derechos Humanos y de la implementación del Acuerdo de Paz.

Fue emboscada cuando hacía control territorial tras el supuesto secuestro de un habitante de su pueblo. Un día antes de su muerte denunció la presencia de grupos armados, los invitó a trabajar del lado de la paz, pero rechazó a quienes estaban reclutando, a quienes estaban pagando por cultivos ilícitos.

Y “a quienes no estén aquí, llévenles la voz”, dijo en medio de la multitud. Todo quedó registrado en un video de doce minutos en el que su voz se escucha rasgada por el dolor que le ocasionaba el reciente asesinato de dos guardias indígenas.

“Si nos quedamos callados no matan y si hablamos también nos matan, entonces mejor hablamos”, reiteró, enviando de nuevo un mensaje a quienes, a través de un panfleto, les prohibieron usar insignias de su comunidad.

“Invito a los niños y a los jóvenes a que se unan a la guardia porque ustedes son la generación que va a renovar el liderazgo”, concluyó Cristina Taquinás Bautista. Al día siguiente, fue emboscada desde la montaña cuando atendía el supuesto secuestro de un habitante de su pueblo. El carro en el que viajaba lo ametrallaron con ella y otras cuatro personas adentro.
Matan al líder, sí. Pero también queda una herida gangrenada.

Aunque las razones de las muertes de los líderes sociales en Colombia tienen muchas causas, en 2019 el exdefensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, resumió dos motivos fundamentales: la pobreza en los territorios y la ausencia del Estado en las zonas en donde la violencia se ha ensañado con quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.

Pero existe una más, una que aunque no parece tan letal, sí es una suerte de blanco que se pone en las espaldas de líderes y lideresas: la estigmatización de sus labores. Ariel Ávila, investigador de temas de conflicto armado y violencia, indica que el señalamiento de que los líderes hacen parte de insurgencias de izquierda, los pone como objetivos militares de grupos armados e invisibiliza la importancia de su trabajo.

“La estrategia es matar a uno para asustar a toda una comunidad. A esa persona la tildan de guerrillero, de insurgente, porque es quien se encarga de visibilizar problemas específicos de su territorio. Entonces ese estigma es letal, cada acción lo hace más visible y se vuelve blanco de quien sea que se vea afectado por su labor”, explica el investigador.

¿Qué salidas quedan, entonces, para contrarrestar esta situación y evitar los crímenes, que según la Fiscalía ya suman 397 casos desde el 2016 y hasta el 23 de septiembre?, ¿cómo combatir el estigma y los señalamientos?

Alta Consejería para los Derechos Humanos propone más oferta estatal

Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos de la Presidencia, dice que es urgente, para evitar más muertes, entender las raíces de la violencia. Ella afirma que es el narcotráfico una de las causas más genera las acciones violentas contra líderes sociales y comunales.

La alta funcionaria explicó que, además, en los territorios más afectados hay una convergencia de elementos irregulares como minería ilegal, cultivos ilícitos y que las acciones que deben tomarse son las de atacar las economías que sostienen estos negocios y ocupar los territorios con oferta institucional.

La identificación de necesidades de las regiones se logra a través de los reportes de la Mesa Nacional de Garantías, que ya se ha reunido en cuatro oportunidades desde el 2018, reportó Gutiérrez.

A su vez, dice la funcionaria, el Alto Comisionado para la Paz, ya ha venido adelantando ejercicios en las regiones, enmarcados en los objetivos de la Mesa Nacional de Garantías.

Finalmente, habló de la estrategia del cartel de los más buscados, enfocada en el desmantelamiento de las organizaciones criminales en el país y añadió que se está realizando un trabajo interinstitucional en el que se revisan los casos y analizar las cifras, de mantener la atención en las alertas tempranas que entrega la Defensoría para coordinar coordinar con el Ministerio del Interior los esquemas de seguridad y protección de los líderes en riesgo.

Fiscalía quiere aumentar el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos

La vicefiscal Martha Mancera enumeró algunas estrategias que desde la Fiscalía se adelantan para enfrentar esta situación. En primer lugar habló de una directriz de priorizar el esclarecimiento de todos los homicidios dolosos para después enfocarse en líderes.

Explicó que desde la Fiscalía se reforzaron equipos de investigación de policía judicial, nacional y cuerpo técnico. “Hoy se cuenta con el 28 % de avance de esclarecimiento, focalizando los departamentos con mayor afectación”, dice sobre el tema de líderes.

“Los avances que tenemos se han dado gracias al compromiso de equipos de investigadores que incluyen fiscales, analistas y perfiladores de las características de los defensores de derechos humanos, para determinar si su muerte fue por causa del ejercicio de su trabajo de derechos humanos. También ha aumentado el trabajo conjunto con otros componentes del Estado como la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que nos permite reaccionar en tiempo real en los territorios”, agrega Mancera.

Aseguró que hay un énfasis investigativo en las estructuras que están matando a los líderes.

“Durante el 2020 hemos tenido un 43 % de efectividad de esclarecimiento. Esto gracias al aumento de 25% en el personal de la Unidad Especial”, explicó. Agregó que en esta nueva administración se designaron seis fiscales regionales para que atiendan zonas de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Tolima y Huila, ellos  acompañando a equipos del cuerpo élite y con seguridad de estructuras de fuerzas militares.

Mancera añadió que se están priorizando acciones para determinar no solo quiénes son los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, sino que también se está haciendo hincapié en conocer quiénes están detrás de las amenazas, ya que esto implica una afectación al trabajo de otros líderes.

“El trabajo es en los territorios, desde las veredas y para poder caracterizar a los responsables de los hechos. Vamos a sostener las investigaciones en los territorios
Identificar e impactar las finanzas ilícitas y llevar a extinción de dominio bienes de los que atacan a los líderes”, concluyó la Vicefiscal.

MOE pide cambiar el paradigma y priorizar la protección colectiva

La Misión de Observación Electoral, MOE, aunque admite que en el país se ha avanzado en actualizar los esquemas de seguridad, señala que hace falta que se pase de la protección individual a una protección colectiva, en la que se entregue seguridad a los líderes, sí, pero al mismo tiempo a sus organizaciones y la comunidad en la que habita.

“Colombia ha avanzado en esquemas de protección, adaptándolos a la actualidad, pero en general son esquemas individuales. Si un líder es amenazado le ponen un escolta, le dan chaleco antibalas y le asignan un carro blindado, pero si hablamos en las regiones hay varias personas afectadas, pues este no es mejor mecanismo para cuidarlos”, dice Pamela San Martín, coordinadora del más reciente informe de la entidad sobre violencia contra líderes sociales en Colombia.

“En la MOE vemos tres factores a tener en cuenta a la hora de incrementar y mejorar la seguridad: ¿cuál es el territorio en donde la intimidación se lleva a cabo?, ¿cuál es el género de la víctima? Y ¿tiene características étnicas? Es decir que se pueda determinar si tiene características específicas que lo hacen vulnerable”, agrega.

La experta plantea que para conseguir esta información, es necesario que se establezcan espacios de diálogo e interlocución en los territorios para encontrar mecanismos específicos de protección acorde a cada comunidad.

“Para ello se requiere el trabajo, no solo del Gobierno Nacional, sino también de los gobiernos locales. Una opción son los consejos municipales de paz y reconciliación, que son mecanismos que integran a líderes sociales y comunales con las autoridades. Hay que fortalecer la participación de los líderes y comunidades en la elaboración de los planes integrales de prevención del Ministerio del Interior para caracterizar las organizaciones y pobladores y así tomar medidas particulares en cada región”, concluye.

Procuraduría adelanta Mesas por la Vida en las regiones

Una mayor articulación con las entidades territoriales para así mejorar las acciones específicas de atención a hechos de violencia contra los líderes sociales es uno de los llamados de la Procuraduría General de la Nación, que ha venido adelantando encuentros en las distintas regiones, enmarcados en la iniciativa Mesas Por la Vida, apoyadas por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

Desde el organismo de control se hizo un llamado a aumentar el diálogo con los líderes y defensores de derechos humanos de las zonas más golpeadas por la violencia y que desde el inicio de la pandemia han visto recrudecer los hechos de violencia en su contra.

“Los grupos armados están tomando ventaja, ocupando espacios de la institucionalidad democrática, afectando y hostigando a la sociedad civil, y eso debemos afrontarlo”, dijo el procurador Fernando Carrillo durante una intervención durante una de las mesas.

Carrillo también ha hecho un llamado a que se termine la estigmatización de la labor de los líderes sociales y comunitarios, en especial en las regiones que históricamente han sido azotadas por la violencia.

Por esto, el Procurador insistió en que se deben crear instancias de diálogo institucional que analice la situación actual con las nuevas condiciones que se están viviendo por causa del coronavirus.

“Tenemos que oír las voces de los líderes sociales que están en medio de violencia, de conflictos entre actores armados. Hoy en día, con la pandemia, estamos enfrentados a las causa de la violencia que venía de atrás y a una conflictividad nueva, que ha traído repercusiones por el aislamiento social y que se recrudece por la ausencia de la Fuerza Pública en algunos territorios”, agrega Carrillo.

Desde el Ministerio Público se pide que se mejoren las líneas de atención cuando hay amenazas. “Muchos líderes están siendo atacados y asesinados dentro de sus casas o en su entorno familiar inmediato, lo que supone que se deben repensar los esquemas de seguridad”, dice Carrillo.

El Procurador exhortó a las autoridades territoriales para que incorporen en sus planes de desarrollo la obligación de atender la seguridad de los líderes, de fortalecer canales de comunicación con las autoridades locales y mejorar los niveles de protección colectiva y autoprotección.

Desde la Procuraduría se pidió al Gobierno Nacional el cumplimiento de pactos alcanzados en Cuba, en medio del acuerdo de paz con la hoy extinta guerrilla de las Farc.  Entre ellos, se pide que se priorice el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con protocolos de atención y protección y más en medio de pandemia. 

“Se deben cumplir con las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el papa Francisco que dicen que en tiempos de pandemia hay que buscar estrategias de cese al fuego en los territorios entre el Estado y grupos armados, sin detenerse tanto en poner condiciones imposibles por parte del Gobierno, hay que buscar desescalar el conflicto, porque la mezcla entre pandemia y violencia deja consecuencias que probablemente no podremos enfrentar en el futuro”, agrega Romero.

Desde CODHES manifiestan que el Gobierno debería consolidar fórmulas de sometimiento a la justicia de bandas criminales y otros grupos armados, como ocurrió con las Farc en 2016. “El proceso de paz con las Farc puede ser como una especie de cuota inicial del desescalamiento de otras formas de violencia, porque mientras sigan existiendo se van a retroalimentar y las guerras alimentan a las economías ilegales”.

Finalmente, Romero concluye que es vital que se denuncie y rechace la violencia en contra de los líderes, desde todos los puntos de la sociedad.

“Es muy importante mantener la condena general a los asesinatos de líderes. Campañas como Lidera la Vida han puesto el énfasis en decir que si Colombia quiere la paz no solo hay que desarmar a los que están en la guerra, también hay que garantizar que el liderazgo democratico tenga la posibilidad de resolver conflictos que se han ido al terreno de la guerra en los escenarios de movilización social y la participación política”, termina Romero.

Finalmente, la embajadora reiteró un llamado a los grupos armados ilegales a que cesen la violencia y las hostilidades contra los líderes y en general contra la población civil del país.

1. Desde el año 2018 USAID Colombia ha apoyado técnicamente a la PGN en el desarrollo de nueve Mesas por la Protección a la Vida, que se desarrollaron en Cauca, Tumaco (Nariño), Apartadó (Antioquia), Soacha (Cundinamarca), Puerto Asís (Putumayo), Córdoba (virtual), Chocó (que se realizó de forma virtual), Mesa Nacional de Protección a Personeros, y la primera Mesa Nacional virtual llamada ‘Covid -19 y Líderes Sociales’.

   En estas mesas han participado líderes y defensores de derechos humanos y se diseñaron y aprobaron planes de acción entre las entidades del Estado. Como resultado de estas actividades, para finales de 2020 se cuenta con cinco planes construidos en Tumaco, Apartadó, Putumayo, Córdoba y Chocó con un avance en su implementación del 65%. USAID por su parte, ha asesorado directamente a la PGN en 17 casos de líderes en situaciones de riesgo que han sido identificados en las Mesas.

   Las Mesas por la Protección a la Vida se han caracterizado por ser un espacio valioso de intercambio de perspectivas, ideas y visiones para buscar soluciones conjuntas sobre las problemáticas locales y fortalecer los mecanismos de control en beneficio de líderes sociales y defensores de DDHH.

2. USAID ha apoyado, de igual forma, la campaña Lidera la Vida junto a la PGN, la Defensoría del Pueblo, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales, con el objetivo de promover en la opinión pública la urgente y necesaria defensa de la vida de los líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos en el país.

    

   Entre las acciones que hemos impulsado es la actualización del sitio web de la campaña (www.lideralavida.com) y la utilización de redes sociales para promover la defensa de los líderes, donde en total se han realizado 1,868 publicaciones por Twitter, Instagram y Facebook. También se realizó el comercial de la campaña que se ha promovido en Telepacífico y Teleantioquia, y se hicieron 11 video clips que contienen mensajes de apoyo al trabajo que realizan los líderes y lideresas que se ha difundido en las redes sociales de los socios institucionales. Además, para llegar a las zonas rurales, se han difundido 1,260 mensajes de radio en estaciones comunitarias de los departamentos de Cauca, Putumayo y Chocó.

   Por último, el 16 de diciembre de 2020 se realizó un Concierto Virtual por la Vida, que contó con la participación del Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y distintas agencias de cooperación. En este evento se presentaron 15 artistas locales y nacionales, entre ellos Adriana Lucía, El Cholo Valderrama, Cesar López y fue moderado por la reconocida periodista Mabel Lara. Este fue transmitido en vivo por diferentes medios de comunicación y redes sociales, en la que se conectaron en total 200.000 personas.

3. Con asistencia técnica directa, USAID Colombia ha apoyado a la PGN mediante el acompañamiento in situ, en el avance de procesos y/o investigaciones contra funcionarios públicos que involucran a líderes sociales y defensores de derechos humanos, logrando que a la fecha haya 25 procesos disciplinarios en curso que presentan un total de 37 avances procesales. Asimismo, ha brindado asistencia técnica a la PGN en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Para USAID es fundamental que estas actividades de apoyo a las instituciones nacionales en la defensa y protección de los derechos humanos de los líderes sociales sigan contribuyendo a posicionar su vulnerabilidad en la agenda pública y que con acciones decididas Colombia logre una paz sostenible.